El gobierno australiano está considerando desde el pasado mes de junio, un proyecto de ley que obligará a las compañías tecnológicas, entre las que se encuentran Apple, Amazon, Google y Microsoft entre otras, a proporcionar asistencia a las agencias gubernamentales que investiguen crímenes violentos, una propuesta de ley que podría sentar un precedente en todo el mundo.
Según el gobierno del país, el cifrado de las comunicaciones es un problema, ya que cada vez son más utilizadas por grupos terroristas y criminales organizados para evitar que sean descubiertos. Esta es la premisa en la que se basan la mayoría de gobiernos para poder acceder a los datos de los usuarios a pesar de estar cifrados.
Según podemos leer en TechCruch, Apple ha enviado una carta de 7 páginas al parlamento australiano criticando esta propuesta de ley. Según Apple, el proyecto de ley es «peligrosamente ambiguo» y explica la importancia de la encriptación para proteger la seguridad nacional y la vida de los ciudadanos de los criminales que están encontrando formas cada vez más sofisticadas de acceder a los dispositivos gestionados por iOS.
Según Apple, ante estas amenazas, no es el momento de hacer vulnerable el cifrado. Existe un profundo riesgo el hacer más fácil el trabajo de los delincuentes, no más difícil. El cifrado es cada vez más fuerte, no más débil, por lo que es la mejor forma de protegerse contra este tipo de amenazas.
Apple cuestiona la idea de que es necesario un cifrado más débil para ayudar en las investigaciones de las fuerzas del orden, fuerzas del orden que ya han procesado más de 26.0000 solicitudes de datos para ayudar a resolver crímenes en Australia en los últimos 5 años.
Apple también afirma que la propuesta es vaga y no concreta muchos aspectos ya que según el proyecto de ley, el gobierno podría ordenar a las empresas que fabrican altavoces inteligentes para el hogar a instalar dispositivos de escucha o que exijan que los fabricantes de dispositivos una herramienta para poder desbloquearlos.
La compañía con sede en Cupertino finaliza la carta afirmando que sentaría un precedente peligroso con graves implicaciones para el futuro del cifrado de los teléfonos inteligentes.