Apple vuelve a estar en el foco de la Comisión Europea tras las nuevas exigencias impuestas para ajustar el funcionamiento de su App Store a la normativa digital europea. Las autoridades comunitarias han dictaminado que la compañía estadounidense debe realizar cambios adicionales en la tienda de aplicaciones, para adecuarse completamente a la Ley de Mercados Digitales (LMD), o se arriesga a asumir nuevas sanciones económicas.
Implicaciones del Digital Markets Act para Apple
El organismo europeo ha publicado recientemente una resolución de 67 páginas en la que detalla cómo Apple, a pesar de haber introducido ciertas modificaciones en sus condiciones para desarrolladores, continúa restringiendo el acceso de éstos a informar a los usuarios sobre métodos de pago alternativos y a facilitar transacciones fuera del entorno de la App Store. Según la Comisión, estas restricciones contravienen el artículo 5(4) de la LMD, que prohíbe a los grandes intermediarios –los conocidos como gatekeepers– establecer límites injustos o cobrar comisiones abusivas a quienes pretendan ofrecer sistemas de pago alternativos.
La LMD, en vigor desde 2022 y de obligado cumplimiento para los principales actores del sector desde 2023, exige que las plataformas dominantes permitan a los desarrolladores comunicarse libremente con los usuarios, informarles de ofertas fuera de la App Store, e incluir enlaces directos a servicios de pago alternativos sin coste adicional. La intención de la ley es fomentar la competencia y evitar la imposición de condiciones que limiten la libertad de elección de los consumidores y desarrolladores.
Argumentos de Apple y respuesta de la Comisión
Apple defiende que su sistema actual –que permite añadir un enlace externo por aplicación, bajo unas condiciones muy controladas y con una pantalla de advertencia diseñada por Apple antes de cada redirección– cumple con los requisitos de la LMD. Además, impide que los desarrolladores puedan rellenar automáticamente datos personales o de compra en los enlaces que dirigen fuera de la App Store.
Sin embargo, la Comisión Europea considera insuficientes estas medidas, ya que, en la práctica, dificultan la redirección de los usuarios hacia sistemas de pago externos y siguen manteniendo un entorno donde la competencia se ve limitada. Un ejemplo claro es la comisión del 27% que Apple aplica actualmente a las compras realizadas a través de estas plataformas alternativas, una cifra que apenas supone una rebaja respecto al estándar del 30% de las compras tradicionales dentro de la app, y que, según el regulador, sigue siendo contraria al objetivo de ‘libre direccionamiento’ (free steering).
Consecuencias para Apple y próximos pasos
Ante la negativa de la Comisión a aceptar la interpretación de Apple sobre la normativa –la compañía asegura que solo está obligada a ‘permitir’ y no a ‘facilitar’ el direccionamiento a sistemas externos–, la autoridad europea advierte que las barreras técnicas y de procedimiento impuestas por Apple desincentivan el uso de métodos de pago alternativos y perpetúan la situación de dominio. La Comisión también rechaza los argumentos de Apple basados en la protección de la privacidad y seguridad del usuario, considerándolos insuficientes para justificar el incumplimiento.
Como resultado, Apple tiene hasta el 22 de junio para adaptar de forma integral su App Store a la regulación europea y eliminar cualquier impedimento que limite a los desarrolladores. De lo contrario, se expone a sanciones económicas periódicas, calculadas en función de la gravedad del incumplimiento y de su facturación. Además, la empresa debe abonar la multa inicial de 500 millones de euros antes del 23 de julio para evitar que se le apliquen intereses adicionales.
Reacciones y contexto
En declaraciones a los medios, Apple ha manifestado que las decisiones adoptadas por Bruselas amenazan la privacidad y seguridad de sus usuarios europeos y obligan a la compañía a ceder su tecnología de forma gratuita, insistiendo en que las exigencias de la Comisión modificaron en varias ocasiones los criterios de cumplimiento y obstaculizaron sus intentos de encontrar una solución. A pesar de haber anunciado su intención de recurrir la decisión, Apple ha asegurado que continuará colaborando con la Comisión y defendiendo los intereses de sus clientes.
Este episodio marca un punto de inflexión en la batalla entre reguladores y grandes tecnológicas en el mercado digital europeo. El resultado de este proceso no solo condicionará la estrategia de Apple a corto plazo, sino que también marcará el camino para otros actores del sector en lo relativo a la apertura de sus plataformas y el tratamiento de los desarrolladores.
La situación actual evidencia cómo la presión regulatoria en Europa obliga a Apple a revisar su modelo de negocio en la App Store, abordando de lleno los temas de competencia y libertad de elección en el ecosistema digital. El desenlace de este proceso sigue siendo incierto, aunque marcará un antes y un después en la relación entre la compañía y los reguladores europeos.