El Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición No de Ley por la que el Gobierno debe recuperar todos los impuestos no pagados por Apple y otras tecnológicas en España desde el año 2003. Se trata de una proposición aprobada por la mayoría de los partidos políticos en la que, tras la sentencia de la Comisión Europea contra el trato de favor de Irlanda con Apple, se insta a que todos esos impuestos que presuntamente Apple y otros gigantes tecnológicos habrían conseguido evadir usando esas tácticas, que algunos califican de ilegales y que otros aseguran que están dentro de la libertad y la autonomía de cada estado, sean recuperados por el Gobierno. ¿Se trata de un brindis al sol o realmente hay algo de fondo en esta propuesta?
Todo comenzó este verano con la sanción que la Comisión Europea impuso a Irlanda por la que debía recuperar los muchos millones de euros que la compañía de Cupertino no había pagado a las arcas irlandesas según las cuentas de la comisión. Irlanda, ejerciendo su autonomía y su libertad, ofrecía a Apple (y lo sigue haciendo) unas condiciones fiscales inmejorables con las que a cambio de operar en ese país se ahorraba un buen puñado de millones de euros en impuestos. Europa considera que eso no adecuado y asegura que Apple debe pagar lo que debe, aunque el supuesto acreedor asegura que no existe tal deuda, lo cual genera una situación un tanto inverosímil. Pues parece que España quiere sumarse al carro y va a exigir a Apple que todos los impuestos que no ha pagado en nuestro país gracias al uso de tácticas financieras, que pueden ser poco ortodoxas pero que Apple asegura que se ajustan a la legalidad, sean ahora abonados con carácter retroactivo partiendo del año 2003.
Lo primero que habrá que demostrar es en qué se basa esta propuesta para asegurar que Apple no ha pagado lo que debe en nuestro país, algo que la compañía de Cupertino desde luego no va a aceptar de ninguna manera. Apple ha manifestado en todo momento que paga lo que debe y que sus cuentas están completamente ajustadas a la legalidad, y va a defender esta postura delante de cualquier tribunal que será quien finalmente decida si ha habido evasión fiscal o no. Mientras tanto lo que deberían hacer los países miembros de la Unión Europea es trabajar para que los paraísos fiscales dentro de la propia Unión no tengan cabida.