La compañía tecnológica Meta, propietaria de Facebook e Instagram, se enfrenta desde esta semana a uno de los procesos judiciales más relevantes de su historia. Una coalición de 29 estados de Estados Unidos la acusa de haber diseñado deliberadamente sus plataformas para generar adicción en niños y adolescentes, además de recopilar datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres. El caso, que se celebra en un tribunal federal de Oakland (California), podría sentar un precedente mundial sobre la responsabilidad de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes.
La demanda, presentada originalmente en 2023, sostiene que Meta priorizó el beneficio económico sobre el bienestar de los usuarios más vulnerables. Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey lideran la acusación en nombre de los 29 estados, y reclaman una indemnización que podría alcanzar los 1,4 billones de dólares, una cifra casi equivalente al valor bursátil de la empresa. Meta, por su parte, califica las acusaciones de «infundadas» y la cantidad solicitada de «enormemente desproporcionada».

Una demanda histórica contra el gigante tecnológico
El juicio, que comenzó con la selección del jurado y los alegatos iniciales, se desarrollará durante aproximadamente seis semanas en Oakland. La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, conocida por llevar casos de alto perfil tecnológico, presidirá el proceso. Se espera que declaren tanto el consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, quien se defiende en el juicio, como el responsable de Instagram, Adam Mosseri, así como exempleados de la compañía que se han convertido en denunciantes.
La acusación se centra en el diseño de funciones como el desplazamiento infinito, las notificaciones constantes, los algoritmos de recomendación y los filtros de belleza, que según los fiscales fomentan el uso compulsivo y la adicción. Además, se alega que Meta violó la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar información de menores sin permiso paterno. La compañía también habría engañado a los padres asegurando que sus aplicaciones eran seguras, mientras que investigaciones internas apuntaban a lo contrario.

Las acusaciones: diseño deliberado para enganchar a los menores
Los fiscales sostienen que Meta utilizó «tecnologías poderosas y sin precedentes para atraer, involucrar y atrapar a jóvenes y adolescentes», con el único objetivo de maximizar sus ganancias publicitarias. La demanda señala que la empresa conocía los riesgos para la salud mental de los menores, pero decidió ignorarlos para mantener su modelo de negocio basado en la publicidad. El fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que Meta «diseñó un producto peligroso para usuarios jóvenes» y luego mintió sobre su peligrosidad.
Por su parte, la defensa de Meta argumenta que la «adicción a las redes sociales» no es un diagnóstico psiquiátrico reconocido, y que las demandas carecen de pruebas de daños reales. La compañía también alega que las funciones señaladas son comunes en todo el sector y que los problemas de verificación de edad afectan a todas las plataformas. Meta insiste en que ha invertido en herramientas de control parental y protecciones de privacidad para adolescentes, aunque los críticos consideran estas medidas insuficientes.
Precedentes y derrotas judiciales
Este juicio llega después de varias derrotas significativas para Meta. A principios de agosto, un tribunal de Nuevo México condenó a la compañía a pagar 567 millones de dólares a un fondo de salud mental juvenil, además de imponer cambios en sus servicios. En marzo, un jurado de Los Ángeles ordenó a Meta y YouTube pagar 6 millones de dólares a una joven que demandó por adicción a las redes sociales. Estos fallos han sido considerados como un precedente para el caso actual, que involucra a muchos más estados y una posible sanción mucho mayor.
Además, hay más de 10.000 demandas individuales y casi 800 de distritos escolares pendientes en todo el país contra Meta y otras plataformas, incluyendo casos donde demandan a Meta y otras redes por la muerte de adolescentes. La compañía reportó 2.400 millones de dólares en gastos legales solo en el segundo trimestre de 2026, lo que contribuyó a una caída del 14% en sus beneficios trimestrales. Los expertos comparan este momento con las demandas contra la industria tabacalera en los años 90, que transformaron para siempre ese sector.

Qué está en juego para Meta
Si el tribunal falla en contra de Meta, la compañía podría verse obligada a realizar cambios profundos en el funcionamiento de Instagram y Facebook. Entre las medidas solicitadas por los estados se incluyen restricciones por edad, límites estrictos de tiempo para menores, la eliminación del desplazamiento infinito y la reducción de notificaciones. Estas modificaciones afectarían directamente a la experiencia de usuario y podrían reducir el tiempo de uso, lo que impactaría en los ingresos publicitarios de la empresa.
La posible sanción económica de 1,4 billones de dólares sería devastadora, aunque los expertos legales creen que el juez podría reducir la cifra para evitar la quiebra de una de las mayores corporaciones del mundo. El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, advirtió que las consecuencias podrían ser «astronómicas» si se aplican argumentos similares en otros estados. Meta, que obtiene el 98% de sus ingresos de la publicidad en línea, también enfrenta una presión adicional por sus enormes inversiones en inteligencia artificial, que podrían alcanzar los 145.000 millones de dólares este año.
El juicio en Oakland es solo el primero de una serie de procesos similares contra otras plataformas como Google, TikTok y Snap. La decisión final, que se espera para octubre, podría marcar un antes y un después en la regulación de las redes sociales a nivel mundial. La presión sobre las grandes tecnológicas para que protejan a los menores está aumentando en todo el mundo, y este caso podría sentar las bases para futuras legislaciones en Europa y otros territorios.
Mientras tanto, Meta mantiene su postura de que las acusaciones son infundadas y que ha trabajado para mejorar la seguridad de los jóvenes. La compañía señala que ha implementado herramientas como el control parental, la limitación de notificaciones y la verificación de edad, aunque los críticos consideran que estas medidas llegan tarde y son insuficientes. El resultado de este juicio será observado de cerca por gobiernos, reguladores y organizaciones de protección infantil en todo el mundo, ya que podría establecer un estándar sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la salud mental de los menores.


