La compañía matriz de Instagram y Facebook se sienta en el banquillo por acusaciones de haber creado deliberadamente funciones que fomentan el uso compulsivo entre los más jóvenes. El caso, considerado histórico, enfrenta a Meta con una coalición de fiscales de casi treinta estados de Estados Unidos, que la acusan de priorizar los beneficios sobre la salud mental de los menores. El proceso, que arrancará el próximo 18 de agosto en un tribunal federal de Oakland, en California, promete ser uno de los más seguidos del año y podría redefinir la responsabilidad de las plataformas digitales con sus usuarios más vulnerables.
La selección del jurado comenzó este miércoles, y la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, del Distrito Norte de California, será la encargada de dirigir un litigio que se prolongará durante aproximadamente seis semanas, hasta finales de septiembre. El veredicto se espera para principios de octubre, y en él se decidirá si Meta debe pagar una indemnización millonaria y modificar sus aplicaciones para proteger a los adolescentes. No es la primera vez que la tecnológica se enfrenta a la justicia por este motivo, pero sí la primera vez que una acción colectiva de tantos estados llega a juicio.
Una ofensiva judicial sin precedentes
Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey encabezan la demanda en representación de una treintena de estados que emprendieron acciones legales contra Meta en 2023. La acusación sostiene que Instagram y Facebook incorporaron características destinadas a aumentar el tiempo de permanencia y la frecuencia de uso, incluso cuando sus responsables conocían los posibles efectos negativos sobre los menores. Entre las prácticas denunciadas se incluyen la reproducción automática de vídeos, las notificaciones constantes o el sistema de «me gusta» que premia la interacción continua.
El caso no se limita a cuestionar contenidos concretos publicados en las plataformas, sino que pone el foco en el diseño de los propios productos. Esta es una diferencia clave, porque si los fiscales consiguen demostrar que las decisiones de diseño fueron deliberadamente perjudiciales, se sentaría un precedente que podría afectar a otras grandes tecnológicas como Google, TikTok o Snap. El jurista Vincent Joralemon, del centro de derecho y tecnologías de la Universidad de Berkeley, comparó el proceso con las demandas contra redes sociales por la muerte de adolescentes en los años noventa, que terminaron con acuerdos millonarios y restricciones publicitarias.
Indemnizaciones de hasta 1.400 millones de dólares
Además de solicitar cambios en el funcionamiento de Instagram y Facebook para los usuarios menores de edad, los estados buscan sanciones económicas que podrían alcanzar los 1.400 millones de dólares. Esta cifra, calificada por la jueza de «irrazonable» en una primera valoración, es extraordinariamente elevada y se aproxima al valor bursátil de Meta, que ronda los 1,5 billones de dólares. Sin embargo, la magistrada también consideró que la propuesta de Meta de pagar solo 4 millones de dólares no era ni siquiera un «tirón de orejas», según recogió el medio jurídico Law360.
Meta ha refutado estas acusaciones, tildándolas de «infundadas». Un portavoz de la compañía declaró que los fiscales no presentan pruebas de que nadie haya sido engañado y que pretenden penalizar a la empresa por desafíos que afectan a toda la industria, como la verificación de la edad. La tecnológica también criticó la cuantía económica solicitada, calificándola de «enormemente desproporcionada». A pesar de ello, el daño reputacional que podría sufrir si pierde el caso es, según los expertos, mucho más preocupante que el impacto económico.
Zuckerberg y Mosseri, testigos estrella
El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el responsable de Instagram, Adam Mosseri, figuran entre los testigos que la acusación pretende llevar al estrado. Zuckerberg ya declaró hace seis meses en otro procedimiento celebrado en un tribunal de Los Ángeles, en medio de una creciente presión judicial sobre las grandes plataformas tecnológicas por sus políticas relacionadas con menores. Su testimonio será clave para determinar si conocía los riesgos de las funciones adictivas y si las mantuvo a pesar de ello.
Meta llega a este juicio después de varios reveses legales. El pasado lunes, el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones denegó a la empresa, junto a Google y TikTok, la posibilidad de reclamar inmunidad bajo una ley de 1996, lo que deja la puerta abierta a más de 3.000 demandas relacionadas con el diseño de productos adictivos para jóvenes. Además, hace apenas unas semanas, un juzgado de Nuevo México condenó a Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de reparación para la salud mental de los menores, un fallo que se considera un precedente directo para el caso actual.
El impacto en la industria y en los usuarios
El resultado de este proceso podría convertirse en un punto de inflexión para todo el sector tecnológico. Si los fiscales logran demostrar que las plataformas fueron concebidas para fomentar comportamientos adictivos, otras empresas podrían enfrentarse a demandas similares y verse obligadas a revisar sus productos, políticas de seguridad y mecanismos de recomendación. La batalla legal también pone bajo escrutinio el modelo de negocio basado en la atención, donde el tiempo que los usuarios permanecen conectados tiene un valor económico directo.
Mientras tanto, los padres y educadores observan con expectación un caso que podría cambiar la forma en que los menores interactúan con las redes sociales. La demanda también invoca la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA), que otorga a los padres control sobre la información personal que las aplicaciones recopilan de menores de 13 años. Aunque es poco probable que se alcance la indemnización máxima solicitada, el simple hecho de que el juicio llegue a juicio ya supone una victoria para los defensores de la seguridad infantil.
La vista oral se prolongará durante varias semanas, con un calendario que incluye la declaración de numerosos testigos y la presentación de pruebas documentales internas de Meta. Los fiscales intentarán demostrar que la empresa tenía informes internos que alertaban de los riesgos para la salud mental de los jóvenes y que, aun así, continuó implementando funciones que aumentaban la adicción. La defensa, por su parte, argumentará que las plataformas cuentan con herramientas de control parental y que los problemas de salud mental son multifactoriales.
En cualquier caso, el juicio marcará un antes y un después en la relación entre las grandes tecnológicas y la justicia. La decisión final, que se espera para octubre, podría obligar a Meta a rediseñar sus productos para menores, establecer límites de uso más estrictos o incluso a pagar una compensación millonaria a los estados demandantes. Más allá de las cifras, lo que está en juego es el modelo de negocio que ha sustentado el crecimiento de las redes sociales durante las últimas dos décadas.
