La larga disputa antimonopolio entre Apple y Epic Games por la App Store acaba de vivir un nuevo giro en Estados Unidos, con un fallo que mezcla victoria y derrota para el fabricante del iPhone. Un tribunal federal de apelaciones ha mantenido la reprimenda a Apple por desobedecer una orden judicial previa, pero a la vez le concede margen para seguir cobrando comisiones por las compras que se realicen fuera de su tienda de aplicaciones.
Este movimiento judicial vuelve a poner bajo el microscopio el modelo de negocio y las reglas de la App Store, un tema que se sigue con atención desde Europa y España por las similitudes con los debates abiertos en Bruselas sobre el poder de las grandes plataformas. El corazón del choque sigue siendo el mismo: quién controla los métodos de pago, cuánto pueden cobrar las plataformas por acceder a su infraestructura y hasta qué punto esas condiciones limitan la competencia.
El veredicto del Noveno Circuito: desacato sí, pero comisiones también
En una resolución de 54 páginas, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ha confirmado que Apple incumplió de forma deliberada una orden dictada en 2021 por la jueza Yvonne Gonzalez Rogers. Aquella decisión obligaba a permitir que los desarrolladores redirigieran a los usuarios hacia sistemas de pago alternativos en la web, donde a menudo se ofrecen precios más ajustados que en las compras dentro de la propia App Store.
El tribunal, sin embargo, considera que la respuesta de primera instancia fue desmedida al vetar por completo cualquier tipo de remuneración a Apple por esas transacciones externas. A juicio del panel de tres jueces, la prohibición total de comisiones supuso un uso desproporcionado de la discrecionalidad judicial. En otras palabras: la compañía puede cobrar algo por el uso de su tecnología y de su propiedad intelectual, pero no a los niveles que intentó fijar.
La clave está en el polémico 27% que Apple impuso como tarifa para los pagos realizados mediante enlaces externos, un porcentaje que acercaba mucho el coste a las comisiones habituales del 30% dentro de la App Store. El Noveno Circuito rechaza esa cifra como incompatible con el espíritu de la orden original, que buscaba precisamente abrir espacio a métodos de pago más competitivos.
Los jueces indican que Apple tiene derecho a cierta compensación por los costes “genuina y razonablemente necesarios para coordinar los enlaces externos”, pero nada más allá de eso. Se abre así la puerta a un modelo en el que la compañía podría recuperar gastos de revisión, seguridad o mantenimiento de la infraestructura, sin aplicar un mordisco porcentual elevado sobre los ingresos de los desarrolladores.
La consecuencia práctica es que el caso vuelve al juzgado de distrito de Gonzalez Rogers, que deberá redefinir qué tipo y qué nivel de comisión puede aplicar Apple a las compras realizadas fuera de la App Store. De esa cifra dependerá que la victoria de Epic y del resto de desarrolladores sea sobre todo simbólica o tenga también un impacto económico real.
Cómo empezó el pulso: Fortnite, las comisiones y el ecosistema cerrado
El enfrentamiento entre ambas compañías arrancó hace más de cinco años, cuando Epic Games decidió plantar cara al sistema de comisiones y pagos obligatorios de la App Store. La editora del popular juego Fortnite acusó a Apple de bloquear la competencia al exigir el uso exclusivo de su sistema de facturación y de retener entre un 15% y un 30% de la mayoría de las compras integradas.
En 2020, Epic dio un paso más al introducir en Fortnite un método de pago directo que eludía las comisiones de Apple. La reacción fue fulminante: el juego fue expulsado de la App Store y, de forma paralela, también de Google Play en Android. A partir de ahí, la disputa se trasladó a los tribunales, con demandas antimonopolio contra ambos gigantes tecnológicos.
Tras el juicio celebrado en 2021, la jueza Yvonne Gonzalez Rogers falló principalmente a favor de Apple en lo que respecta a la legislación antimonopolio federal de Estados Unidos, al considerar que la compañía no encajaba en la definición clásica de monopolio ilegal. No obstante, sí apreció una vulneración de la normativa de competencia de California, un matiz que terminó siendo determinante.
En virtud de esa ley estatal, la magistrada ordenó a Apple permitir que los desarrolladores pudieran informar y conducir a los usuarios hacia opciones de pago online más económicas. Esta grieta en el muro de la App Store fue confirmada después por el propio Noveno Circuito y por el Tribunal Supremo de EE. UU., consolidando el precedente de que, al menos en ciertas condiciones, el ecosistema de Apple no puede ser completamente cerrado.
La empresa reaccionó habilitando enlaces a páginas web externas, pero acompañó esa apertura con una nueva tarifa del 27% sobre los ingresos generados fuera de la App Store. Para Epic y muchos otros estudios, esa comisión era poco menos que un “truco” para mantener intacta la carga económica, ya que la diferencia real para los desarrolladores apenas variaba respecto a las compras integradas tradicionales.
La visión de Epic Games y el peso de la App Store como negocio
Epic volvió entonces a la carga denunciando que Apple estaba incumpliendo el espíritu y la letra de la sentencia de 2021. Además del porcentaje, la editora criticaba restricciones sobre el tamaño, la posición y el diseño de los enlaces externos, que, según su tesis, complicaban el acceso del usuario a los métodos de pago alternativos y reducían la efectividad de la apertura ordenada por el tribunal.
Tras conocerse la nueva decisión del Noveno Circuito, el director ejecutivo de Epic, Tim Sweeney, ha interpretado el fallo como un golpe importante a la estrategia de Apple de imponer “tarifas basura”. Sweeney sostiene que el reconocimiento de la posibilidad de cobrar solo costes “razonables” deja sin base la idea de aplicar porcentajes elevados sobre los ingresos de los desarrolladores.
Según el directivo, podría tener sentido que Apple cobre, por ejemplo, tasas fijas ligadas a la revisión de aplicaciones o a tareas concretas de coordinación técnica, pero no un porcentaje recurrente de la facturación generada mediante métodos de pago ajenos. A su juicio, esta interpretación del tribunal abre un camino más equilibrado para la relación entre plataformas y creadores de software.
Todo esto se produce mientras la App Store sigue siendo uno de los pilares del negocio de servicios de Apple. Aunque la compañía no desagrega con precisión las cifras de esta división, ha reconocido que en 2024 se facilitaron más de 400.000 millones de dólares en ventas para desarrolladores a través de su ecosistema. Firmas de análisis como Appfigures estiman que, solo en Estados Unidos, la App Store habría generado en torno a 10.000 millones de dólares para Apple en ese mismo año. Ejemplos como el de Spotify muestran ya efectos prácticos de las sentencias en otros servicios.
Con estas magnitudes sobre la mesa, se entiende mejor por qué la empresa defiende con tanta firmeza su modelo de comisiones y control de la distribución. Cualquier cambio forzado por los tribunales o por los reguladores puede tener un impacto significativo en sus ingresos recurrentes, pero también en la estructura de precios y en la rentabilidad de miles de desarrolladores que dependen de la visibilidad que da estar en la tienda de iOS.
Impacto y lectura desde España y la Unión Europea
Aunque el litigio se dirime en tribunales estadounidenses y sobre la base de la legislación de California, sus consecuencias trascienden con claridad las fronteras de EE. UU.. Las autoridades de competencia de todo el mundo, incluida la Comisión Europea y los reguladores nacionales, observan muy de cerca este pulso porque plantea preguntas idénticas a las que se están abordando en la Unión Europea.
En el caso europeo, la referencia inmediata es la Ley de Mercados Digitales (DMA), que impone obligaciones especiales a las grandes plataformas catalogadas como “guardianes de acceso”. Entre esos requisitos se encuentran la posibilidad de ofrecer tiendas de aplicaciones alternativas, el uso de sistemas de pago de terceros y la imposibilidad de bloquear o penalizar opciones de facturación externas que compitan con las propias.
Para desarrolladores españoles y europeos, el fallo del Noveno Circuito se interpreta como otro indicio de que el modelo de comisiones y restricciones en las grandes tiendas ya no es inamovible. Aunque la decisión no es vinculante en la UE, refuerza la sensación de que los tribunales y reguladores están cada vez menos dispuestos a tolerar estructuras cerradas que limiten la libertad económica de quienes crean aplicaciones.
Los usuarios en España también podrían acabar notando efectos indirectos si, presionada por resoluciones judiciales y por normas como la DMA, Apple adopta progresivamente políticas más homogéneas a nivel global. Una política unificada que redujera comisiones o flexibilizara el uso de pagos externos podría traducirse, en el mejor de los casos, en precios más bajos, más ofertas y mayor competencia entre proveedores de contenido digital.
Al mismo tiempo, la decisión del tribunal estadounidense reconoce que la infraestructura que presta Apple tiene un valor: sistemas de seguridad, distribución, actualizaciones, herramientas de desarrollo y visibilidad en un mercado masivo. El reto para las autoridades europeas será fijar hasta dónde llega el derecho legítimo a ser compensado por esa inversión y en qué punto empieza un posible abuso de posición dominante.
Un conflicto que seguirá marcando la agenda de las grandes plataformas
La nueva resolución no cierra la polémica, pero sí redefine el terreno en el que se jugarán las próximas rondas del litigio. La jueza Gonzalez Rogers tendrá que establecer ahora qué nivel de comisión es aceptable para las compras efectuadas fuera de la App Store, y ese número se mirará con lupa desde el sector tecnológico y desde los despachos de competencia de medio mundo.
Para Apple, el desafío consiste en ajustar sus políticas sin dar la imagen de que pierde el control de su ecosistema. La compañía ha mantenido hasta ahora una postura de defensa férrea de su modelo, incluso cuando distintas autoridades la han obligado a introducir cambios puntuales en distintos países o regiones. La cuestión es si seguirá resistiendo territorio a territorio o si optará por una estrategia global más uniforme.
Epic Games, por su parte, sale reforzada al conseguir que un tribunal de apelación confirme el desacato de Apple y obligue a revisar la comisión del 27%. Este espaldarazo refuerza su relato en favor de un entorno de aplicaciones más abierto y competitivo, aunque también deja claro que las plataformas seguirán teniendo margen para cobrar por ciertos servicios ligados a su propiedad intelectual.
La batalla no solo afecta a estas dos compañías: todo el ecosistema de desarrolladores que vive de las tiendas de apps observa con interés qué se considera “tarifa razonable” y qué prácticas acaban siendo tachadas de anticompetitivas. De esa línea dependerá la sostenibilidad de muchos modelos de negocio, tanto de grandes estudios como de pequeñas empresas que venden suscripciones, juegos o servicios digitales.
En un contexto en el que las grandes plataformas tecnológicas concentran buena parte de la distribución de aplicaciones, cada resolución judicial que toque el modelo de comisiones se convierte en una señal para el resto de actores. Lo que se está dirimiendo, en el fondo, es si la puerta de entrada a millones de usuarios puede seguir siendo controlada casi en exclusiva por un único proveedor y a qué precio.
La disputa antimonopolio entre Apple y Epic Games por la App Store se consolida como uno de los casos de referencia para entender cómo van a encajar, en los próximos años, los intereses de las grandes plataformas, las aspiraciones de los desarrolladores y las exigencias de los reguladores, tanto en Estados Unidos como en España y el resto de Europa.
