Muchos son los usuarios, que a pesar de encontrarse su terminal en garantía, prefieren recurrir a servicios técnicos no autorizados a la hora de efectuar cualquier reparación en el iPhone, principalmente debido a que son mucho más baratos que el servicio técnico que ofrece Apple, sobre todo si hablamos de la pantalla del iPhone o del iPad.
Mientras Apple continúa luchando en Estados Unidos por del derecho a reparar, una ley que quieren aprobar la mayoría de estados americanos y que permitirá reparar los dispositivos de Apple en cualquier centro de reparación, manteniendo la garantía, Apple sigue tomando medidas para evitar que estos talleres sigan haciendo dinero a su costa.
Todo comenzó cuando los funcionarios de aduanas de Noruega detuvieron un cargamento de 64 pantallas para el iPhone 6 y iPhone 6s que tenían como destino la tienda de Henrik y con origen Asia. Los funcionarios detuvieron el cargamento argumentando que las pantallas eran falsificadas y pusieron en alerta a Apple.
En ese momento, Apple envío a sus abogados al taller de reparación de dispositivos electrónicos noruego de Henrik Huseby, exigiendo que la tienda dejara de utilizar pantallas para reparar los dispositivos. Para evitar la demanda, los abogados de Apple pidieron a Henrik una copia de las facturas de compra, información de como se había realizado el pago, formularios de pedido… además de cualquier tipo de información relevante par la investigación, como los correos electrónicos con el proveedor.
El abogado de Apple en Noruega, envío una carga a Henrik afirmando que si pagaba 27.700 coronas (2.900 euros), evitaría ir a juicio y el caso se olvidaría. El dueño del taller afirmó que nunca firmaría ese acuerdo y se hizo con un abogado que supo entender el problema y buscar en la ley del país los resquicios necesarios para que pudiera ganar el caso.
Sorprendentemente, Henrik ha ganado el caso, a pesar de que Apple tenía a su disposición hasta 5 abogados. La compañía ha afirmado que recurrirá el caso y ya ha comenzado a trabajar en la apelación al tribunal superior de justicia del país.